El caso Kokorev, un error judicial en España puesto de relieve en la ONU en Ginebra

Por Willy Fautré, director de Human Rights Without Frontiers.

 

HRWF (30.06.2019) – https://bit.ly/2ZWydDV – Esta semana, en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el error judicial cometido por las autoridades españolas en el caso Kokorev fue públicamente puesto de relieve por una ONG.

 

En septiembre de 2015, tres miembros de la familia Kokorev fueron arrestados en América Central y extraditados a España en virtud de una orden de detención internacional en relación a una vaga sospecha de blanqueo de capitales presuntamente cometida más de diez años antes en África Occidental.

 

Vladimir Kokorev y su esposa, ambos de 60 años y en mal estado de salud, así como su hijo de 33 años, aceptaron su extradición a España, donde esperaban que su caso fuera archivado o, al menos, fueran puestos en libertad bajo fianza. Sin embargo, primero fueron encarcelados en Madrid y después transferidos a un centro penitenciario en Las Palmas de Gran Canaria, donde pasaron en prisión preventiva más de dos años.

 

A pesar de su derecho a la presunción de inocencia, fueron sometidos a un duro y controvertido sistema existente en España denominado “Fichero de Internos de Especial Seguimiento” (FIES) que requiere una vigilancia especial de los detenidos considerados peligrosos. Y no sólo esto sino que además, la familia Kokorev fue inscrita en la categoría superior del FIES-5, una categoría creada para los reclusos de alto riesgo clasificados de acuerdo con un perfil criminológico específico, como delincuentes sexuales, terroristas islámicos, criminales de guerra, etc. Sin embargo la familia Kokorev no reunía ninguna de esas características, de hecho ninguno de los miembros tenía antecedentes penales y nunca habían usado o incitado a la violencia.

 

En los últimos quince años, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, y en particular el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), han expresado serias preocupaciones y han alertado en diversas ocasiones acerca del sistema FIES.

 

A principios de este año, la ONG Human Rights Without Frontiers con sede en Bruselas, entrevistó a los Kokorev en Las Palmas sobre sus condiciones de detención. Según la familia, las condiciones en las que estaban siendo tratados eran peores que las de los criminales convictos.

 

Después de su arresto, el proceso permaneció en secreto durante dieciocho meses y durante ese tiempo, se denegó a su abogado el acceso a los expedientes, no se le proporcionó información básica sobre los motivos del arresto, ni siquiera una descripción del delito ni de las pruebas en su contra.

 

Fueron tratados como una sola entidad, la “familia Kokorev”, sin hacer ninguna distinción entre los tres miembros y sugiriendo la presunción de culpabilidad por asociación.

 

Su abogado no logró obtener la libertad bajo fianza. Las circunstancias personales de la familia no fueron tenidas en cuenta por las autoridades por lo que el estado de salud de Vladimir Kokorev se deterioró seriamente llegando a necesitar una intervención quirúrgica de corazón, y su hijo que iba a ser padre tuvo que perderse el nacimiento de su hija mientras estaba en prisión preventiva.

 

Incluso después de haber transcurrido encarcelados un tiempo considerable y a pesar del conocimiento de las autoridades españolas de que ningún juicio iba a poder celebrarse en muchos años (no al menos respetando el máximo permitido en la legislación española para la prisión preventiva), la detención de la familia continuó.

 

A Vladimir Kokorev no se le permitió ser trasladado junto a su hijo. Cuando preguntó la razón, le dijeron que era porque estaban siendo investigados. Sin embargo, muchos otros reclusos que también estaban en la misma situación fueron realojados juntos.

 

La esposa de Kokorev informó que se sentía desorientada al ser trasladada a una celda diferente entre cada cinco y nueve semanas, una medida de seguridad prescrita bajo el estatus FIES-5 a la que sólo ella estaba siendo sometida en su módulo.

 

El 1 de agosto de 2017, tras más de 13 años de investigación por parte de las autoridades españolas, la jueza Ana Isabel de Vega Serrano intentó prorrogar dos años más la detención preventiva de los Kokorev, alegando que todavía tenía que “determinar los hechos e identificar a los responsables”.

 

Mientras tanto, varios miembros del Parlamento Europeo celebraron una mesa redonda en Bruselas sobre el caso de la familia Kokorev y denunciaron públicamente graves violaciones de los derechos humanos por parte del poder judicial español en el caso de Vladimir Kokorev y su familia. Este evento facilitó el trabajo de su abogado en Las Palmas, quien, de nuevo solicitó su liberación. A los pocos meses, uno a uno los tres miembros fueron puestos en libertad pero su libertad de movimiento sigue limitada a la isla española.

 

Es poco probable que se celebre un juicio en los próximos cinco años, casi diez años después de la detención de la familia y más de veinte años después del inicio de la investigación. Mientras tanto, los tribunales de Las Palmas se han negado a examinar las alegaciones respaldadas por informes forenses de manipulación y fabricación de pruebas por parte de la policía hasta que tenga lugar la celebración de un juicio.




The Kokorev case, a miscarriage of justice in Spain spotlighted at the UN in Geneva

At the 41st session of the held this week at the UN in Geneva, the judicial miscarriage of the Kokorev case by the Spanish authorities was publicly raised by an NGO – writes Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers

EU Reporter (28.06.2019) – https://bit.ly/2ZWydDV – In September 2015, three members of the Kokorev family were arrested in Central America and extradited to Spain on the basis of an international arrest warrant. The order was related to a vaguely worded suspicion of money laundering allegedly committed in Western Africa more than ten years earlier.

Vladimir Kokorev

 

Vladimir Kokorev, his wife, both in their sixties and in bad health, as well as their 33-year old son agreed to their extradition to Spain, where they expected their case to be dismissed, or, at least, that they would be released on bail. Instead, they were first imprisoned in Madrid and then transferred to a detention centre in Las Palmas where they spent over two years in pre-trial detention.

Despite their right to the presumption of innocence, they were subjected to a harsh and controversial system in Spain requiring special surveillance of dangerous detainees and named “Ficheros de Internos de Especial Seguimiento” (FIES). To make matters worse, the Kokorevs were registered in the FIES-5 upper category. This category is for high-risk inmates classified in accordance with their specific criminological profile such as sex offenders, Islamic terrorists, war criminals, etc. The Kokorevs did not match such characteristics; in fact, none of them had a criminal record and none of them had never used or incited violence.

Over the last fifteen years, the European Parliament and the Council of Europe, in particular the Committee for the Prevention of Torture (CPT), have expressed serious concerns and issued several warnings about the FIES system.

Earlier this year, the Brussels-based NGO Human Rights Without Frontiers interviewed the Kokorevs in Las Palmas about their detention conditions. According to the family, they were treated worse than convicted criminals.

After their arrest, the proceedings remained secret for eighteen months. During this time, their counsel was denied access to the investigation files and was not given basic information on the reasons for their arrest, including a description of the offence and of the evidence against them.

They were treated as a single entity, the “Kokorev family”, no distinction being made between the three of them, thus suggesting the presumption of guilt by association.

Their defence counsel was unsuccessful in obtaining their release on bail. Their personal circumstances were not taken into consideration by the authorities: Vladimir Kokorev’s health seriously deteriorated, requiring him to undergo heart surgery, and his son was an expectant father who missed the birth of his child while in pre-trial detention.

Even after substantial time behind bars and despite the Spanish authorities’ knowledge that a trial would not be possible for many years (certainly not within the maximum term for pretrial detention under Spanish law), the family’s incarceration continued.

Vladimir Kokorev was not allowed to be housed with his son. When he inquired about the reason why, he was told it was because they were under active investigation. However, many other inmates also under active investigation were housed together.

Kokorev’s wife reported that she felt disoriented from being moved to a different cell every five to nine weeks, a security measure prescribed under the FIES-5 status to which in her module only she was being subjected.

On 1 August 2017, after more than 13 years of investigation by the Spanish authorities, Judge Ana Isabel de Vega Serrano tried to extend the pre-trial detention of the Kokorevs for two further years, claiming that she still had to “determine the facts and identify the persons responsible”.

In the meantime, a number of members of the European Parliament held a round table on the Kokorev issue in Brussels and publicly denounced serious violations of human rights by the Spanish judiciary in the case of Vladimir Kokorev and his family. This event facilitated the work of their lawyer in Las Palmas who, again, requested their release. Within a few months, the three were freed, one at a time, but their freedom of movement was limited to the island and remains so.

It is unlikely that a trial will be held within the next five years, almost 10 years after the arrest of the family and more than 20 years after the start of the investigation. In the meantime, the Courts in Las Palmas have declined to examine allegations supported by forensic reports of mishandling and fabrication of evidence by the police until a trial eventually takes place.