Campaña de incitación al odio contra los testigos de Jehová
Una asociación pide que se prohíba a los testigos de Jehová en España igual que se ha hecho en Rusia. Los Testigos la han demandado por difamación, pero la asociación cuenta con el respaldo de los medios.
por Massimo Introvigne
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Bitter Winter (12.12.2022) – Contemos primero una historia. En un país democrático, con un pasado autoritario en el que se perseguía a los judíos, se funda una asociación que afirma que estos cometen delitos de forma sistemática. Algunos de sus miembros son judíos que han abandonado su religión y se han vuelto contra ella. A otros, sencillamente no les gustan los judíos. Sus argumentos contra ellos son ampliamente esparcidos y manifiestamente falsos. Además, aclaman como modelo a los regímenes totalitarios que persiguen a los judíos. Una organización judía contra la difamación presenta una demanda contra la asociación; sin embargo, algunos alegan que dicha asociación es la verdadera víctima, y que con la demanda los judíos simplemente demuestran su maldad.
La historia es hipotética. No obstante, si cambiamos “judíos” por “testigos de Jehová” en el párrafo anterior, obtenemos una descripción exacta de lo que está pasando ahora mismo en España, que sin duda es un país democrático. Vivió un pasado autoritario, bajo el régimen de Franco, durante el que se discriminó y persiguió a los testigos de Jehová y a otras minorías no católicas. Consciente de ese pasado, España tiene el mérito de contar actualmente con una legislación bastante liberal en materia de minorías religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová disfrutan del mayor nivel posible de reconocimiento por parte de la administración.
Ahora bien, el 18 de mayo de 2019 se fundó en Toledo la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) y se registró oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones el 11 de octubre de 2019.
Los estatutos de la AEVTJ, que parecen más un panfleto para polemizar que un documento jurídico, aclaran que su objetivo es mostrar “en cualquier medio de comunicación” a su alcance una narrativa que persuada a la opinión pública española de que los testigos de Jehová violan los derechos humanos y la legislación española, de que cometen crímenes y de que sus “víctimas” están abocadas “a la soledad, a la depresión y hasta al suicidio”. Quienes escapan solo con “enfermedades mentales” o “fibromialgia” pueden considerarse afortunados de seguir con vida, según proclama la AEVTJ.
Está demostrado que los argumentos de la AEVTJ son falsos. Gabriel Pedrero, uno de los principales activistas de la asociación, presentó en change.org una petición para “que los testigos de Jehová en España sean declarados una secta destructiva, extremista…”. Pidió lo siguiente: “Firmemos para que esta organización religiosa sean declarados como en Rusia una secta extremista – destructiva (sic)”. De esta forma, respalda la persecución de los testigos de Jehová en Rusia y la particular interpretación que ese país hace del concepto de “extremismo” para liquidar minorías religiosas pacíficas. Las organizaciones internacionales, los gobiernos occidentales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado la mano dura de Rusia contra los testigos de Jehová.
La conexión rusa en change.org: “Firmemos para que esta organización religiosa sean declarados como en Rusia una secta extremista – destructiva (sic)”.
El 3 de mayo de 2021, los testigos de Jehová presentaron una demanda por difamación contra la AEVTJ. Esta asociación contrató como abogado defensor a un tal Carlos Bardavío, que fue presentado ante la prensa como“el mayor experto en sectas del mundo”. Es curioso, porque yo jamás había oído hablar de Bardavío hasta este caso, y eso que la Academia Estadounidense de Religión a mí me ha llamado en un sitio web oficial “uno de los principales nombres en el estudio de las nuevas religiones”. Les pregunté a una docena de colegas de varios países, reconocidos expertos en los nuevos movimientos religiosos, y ninguno sabía de él.
En su página de Facebook, Bardavío parece un joven y ambicioso abogado y profesor de Derecho, que comprensiblemente está interesado en autopromocionarse. A pesar de que ni él ni Gabriel Pedrero de la AEVTJ están considerados como expertos en religión, hay un campo en el que sí parecen sorprendentemente diestros: la propaganda de agitación y desinformación al más puro estilo ruso. Pedrero incluso se fue de la lengua cuando sugirió que España debería tratar a los testigos de Jehová como se les trata en Rusia y adoptar la idea rusa de extremismo religioso.
La estrategia jurídica de Bardavío es bastante habitual en los casos contra minorías religiosas. Pide a exmiembros “apóstatas” que testifiquen y respondan a preguntas que inducen a declarar que se sintieron maltratados cuando eran testigos de Jehová, discriminados cuando decidieron marcharse, o que piensan que los testigos de Jehová son una secta destructiva. Uno desearía que el tribunal comprenda que los “apóstatas” (término técnico para referirse a una minoría de exmiembros que se vuelven militantes críticos de la religión que han abandonado) no representan a la mayor parte de exmiembros y que en general los expertos no los consideran la fuente más fiable para hablar de los grupos a los que pertenecieron.
Evidentemente, estos exmiembros “apóstatas” se han relacionado con el movimiento antisectas, del que usan su jerga e incluso repiten declaraciones frecuentes pero falsas: por ejemplo, que la investigación sobre el abuso sexual de menores realizada por la Alta Comisión Real Australiana reveló que los testigos de Jehová habían protegido de la justicia a 1.000 autores de delitos de pedofilia en el país. Esa afirmación es falsa.
Como la experta estadounidense Holly Folk demostró en Bitter Winter, la cifra de 1.006 casos de supuestos abusos de menores presentada por la Alta Comisión corresponde a la suma de todos los casos e informes disciplinarios, confirmados y no confirmados, que se habían enviado a la organización de los testigos de Jehová de Australia durante un periodo de 65 años. Los propios testigos de Jehová facilitaron a la Alta Comisión estos datos. De las 1.006 alegaciones, los Testigos consideraron que 383 eran lo suficientemente serias como para informar a la policía y 161 resultaron en condenas. Todos los casos se pusieron a disposición de la Alta Comisión y de la policía, pero esto no levantó una ola de acciones judiciales, confirmando así que el criterio de los testigos de Jehová había sido bastante sólido. Los apóstatas españoles tampoco mencionan que, aunque los expertos han criticado la metodología de la investigación australiana, los testigos de Jehová han protegido mejor a los menores que otras organizaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Católica Romana.
Bardavío y Pedrero han difundido eficazmente su discurso (incluyendo la famosa y falsa historia de los 1.000 pedófilos supuestamente protegidos por la organización en Australia), no solo entre los jueces, sino entre decenas de medios informativos españoles. La mayor parte de estos no confirmó lo que se les decía. Solo algunos han publicado la réplica de los propios Testigos. La mayoría de los artículos se ha limitado a presentar las opiniones de los apóstatas y de los opositores a las “sectas”, como el exsacerdote católico Luis Santamaría del Río. Este es un clamoroso ejemplo del prejuicio de los medios contra organizaciones religiosas calificadas como “sectas”.
Las acusaciones contra los testigos de Jehová se repiten sin cuestionarlas, sin saber que han sido desmentidas por expertos y rechazadas por los tribunales. El 5 de octubre de 2021, un tribunal de Bélgica declaró culpable de difundir noticias falsas y de difamación a la agencia gubernamental de ese país contra las sectas, CIASON, que había afirmado que los testigos de Jehová protegen a los pedófilos.
El que los testigos de Jehová dejen de relacionarse con los exmiembros que hayan sido expulsados por cometer pecados graves o porque hayan dejado formalmente la organización (a diferencia de los que ya no están activos) se ha descrito de forma incorrecta en el caso español, porque no se especifica que esto no se aplica a las familias que viven juntas. Además, los medios y los activistas antisectas no mencionan que esta práctica ha sido considerada como una expresión legítima de la libertad religiosa de los testigos de Jehová por los tribunales de varios países, incluida Bélgica, donde un tribunal de apelaciones revocó la decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal esta práctica.
Se habla de la práctica de los testigos de Jehová de no aceptar sangre por razones bíblicas sin tomar en cuenta el derecho, reconocido internacionalmente, que tiene un paciente de rechazar algún tratamiento médico, y del gran número de casos específicos analizados por publicaciones especializadas. Incluso se resucita la gastada teoría del “lavado de cerebro”, pseudocientífica según la inmensa mayoría de expertos en nuevas religiones y los tribunales de Estados Unidos y de otros lugares. También se hacen a un lado los hallazgos de expertos como Raffaella Di Marzio, que indican que los testigos de Jehová están tan bien adaptados psicológicamente como sus conciudadanos que no son parte de su organización religiosa.
El resultado final, que es el que los antisectas (que actúan siguiendo un modelo internacional bien ensayado) querían alcanzar, es que se les da la vuelta a la verdad y a la realidad. Se presenta a la parte acusada, la AEVTJ —una organización que ha esparcido noticias falsas contra los testigos de Jehová— como la víctima, como si fuera un grupito de valientes opuesto a una poderosa organización internacional, mientras que a los testigos de Jehová —los demandantes, que buscan justicia ante calumnias y difamaciones— se les sienta en el banquillo de los acusados.
Algunos podrían replicar que las controversias religiosas y antirreligiosas se han producido desde hace siglos, y que incluso las exageraciones deberían ser toleradas en nombre de la libertad de expresión. Es cierto que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y la calumnia y la difamación, pero lo que propaga la AEVTJ es “discurso de odio”, algo que no está protegido por los principios de libertad de expresión. Yo me ocupaba del discurso de odio cuando fui Representante de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación religiosa. Sé que es difícil definir lo que es discurso de odio, y la ley penal española tiene su propia definición. Pero una manera de identificarlo desde el punto de vista de la ley internacional es que produce hostilidad y violencia física. Eso es exactamente lo que está sucediendo en España.
Desde que nació la AEVTJ, se han documentado más casos de vandalismo contra los Salones del Reino (lugares de culto) de los testigos de Jehová que los que la propaganda antisectas había provocado en años anteriores. Se han hecho pintadas con la palabra “secta” en Salones del Reino, y se han pegado folletos que los acusan de proteger a pedófilos (mencionando la falsa estadística australiana) e incluso de hacer “sacrificios humanos”.
El discurso de odio siempre provoca delitos de odio. Los medios que de forma irresponsable repiten y amplifican las calumnias sin hacer una comprobación comparten la culpa. Lo que estamos viendo en España es una campaña de discurso de odio. En aras de la libertad religiosa, los derechos humanos y la democracia, no debemos permitir que esto continúe.