image_pdfimage_print

Por Willy Fautré, director de Human Rights Without Frontiers.

 

HRWF (30.06.2019) – https://bit.ly/2ZWydDV – Esta semana, en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el error judicial cometido por las autoridades españolas en el caso Kokorev fue públicamente puesto de relieve por una ONG.

 

En septiembre de 2015, tres miembros de la familia Kokorev fueron arrestados en América Central y extraditados a España en virtud de una orden de detención internacional en relación a una vaga sospecha de blanqueo de capitales presuntamente cometida más de diez años antes en África Occidental.

 

Vladimir Kokorev y su esposa, ambos de 60 años y en mal estado de salud, así como su hijo de 33 años, aceptaron su extradición a España, donde esperaban que su caso fuera archivado o, al menos, fueran puestos en libertad bajo fianza. Sin embargo, primero fueron encarcelados en Madrid y después transferidos a un centro penitenciario en Las Palmas de Gran Canaria, donde pasaron en prisión preventiva más de dos años.

 

A pesar de su derecho a la presunción de inocencia, fueron sometidos a un duro y controvertido sistema existente en España denominado “Fichero de Internos de Especial Seguimiento” (FIES) que requiere una vigilancia especial de los detenidos considerados peligrosos. Y no sólo esto sino que además, la familia Kokorev fue inscrita en la categoría superior del FIES-5, una categoría creada para los reclusos de alto riesgo clasificados de acuerdo con un perfil criminológico específico, como delincuentes sexuales, terroristas islámicos, criminales de guerra, etc. Sin embargo la familia Kokorev no reunía ninguna de esas características, de hecho ninguno de los miembros tenía antecedentes penales y nunca habían usado o incitado a la violencia.

 

En los últimos quince años, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, y en particular el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), han expresado serias preocupaciones y han alertado en diversas ocasiones acerca del sistema FIES.

 

A principios de este año, la ONG Human Rights Without Frontiers con sede en Bruselas, entrevistó a los Kokorev en Las Palmas sobre sus condiciones de detención. Según la familia, las condiciones en las que estaban siendo tratados eran peores que las de los criminales convictos.

 

Después de su arresto, el proceso permaneció en secreto durante dieciocho meses y durante ese tiempo, se denegó a su abogado el acceso a los expedientes, no se le proporcionó información básica sobre los motivos del arresto, ni siquiera una descripción del delito ni de las pruebas en su contra.

 

Fueron tratados como una sola entidad, la “familia Kokorev”, sin hacer ninguna distinción entre los tres miembros y sugiriendo la presunción de culpabilidad por asociación.

 

Su abogado no logró obtener la libertad bajo fianza. Las circunstancias personales de la familia no fueron tenidas en cuenta por las autoridades por lo que el estado de salud de Vladimir Kokorev se deterioró seriamente llegando a necesitar una intervención quirúrgica de corazón, y su hijo que iba a ser padre tuvo que perderse el nacimiento de su hija mientras estaba en prisión preventiva.

 

Incluso después de haber transcurrido encarcelados un tiempo considerable y a pesar del conocimiento de las autoridades españolas de que ningún juicio iba a poder celebrarse en muchos años (no al menos respetando el máximo permitido en la legislación española para la prisión preventiva), la detención de la familia continuó.

 

A Vladimir Kokorev no se le permitió ser trasladado junto a su hijo. Cuando preguntó la razón, le dijeron que era porque estaban siendo investigados. Sin embargo, muchos otros reclusos que también estaban en la misma situación fueron realojados juntos.

 

La esposa de Kokorev informó que se sentía desorientada al ser trasladada a una celda diferente entre cada cinco y nueve semanas, una medida de seguridad prescrita bajo el estatus FIES-5 a la que sólo ella estaba siendo sometida en su módulo.

 

El 1 de agosto de 2017, tras más de 13 años de investigación por parte de las autoridades españolas, la jueza Ana Isabel de Vega Serrano intentó prorrogar dos años más la detención preventiva de los Kokorev, alegando que todavía tenía que “determinar los hechos e identificar a los responsables”.

 

Mientras tanto, varios miembros del Parlamento Europeo celebraron una mesa redonda en Bruselas sobre el caso de la familia Kokorev y denunciaron públicamente graves violaciones de los derechos humanos por parte del poder judicial español en el caso de Vladimir Kokorev y su familia. Este evento facilitó el trabajo de su abogado en Las Palmas, quien, de nuevo solicitó su liberación. A los pocos meses, uno a uno los tres miembros fueron puestos en libertad pero su libertad de movimiento sigue limitada a la isla española.

 

Es poco probable que se celebre un juicio en los próximos cinco años, casi diez años después de la detención de la familia y más de veinte años después del inicio de la investigación. Mientras tanto, los tribunales de Las Palmas se han negado a examinar las alegaciones respaldadas por informes forenses de manipulación y fabricación de pruebas por parte de la policía hasta que tenga lugar la celebración de un juicio.

Menu